La Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la reforma previsional de 2017 impulsada durante el Gobierno de Mauricio Macri, en una causa iniciada por el jubilado Miguel Fernández Pastor, ex directivo de ANSeS. La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había fallado inicialmente a favor de Fernández Pastor, pero la ANSeS apeló esa decisión.
El fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti avala los artículos 1° y 2° de la ley 27.426. La controversia se centró en el cambio de fórmula de movilidad jubilatoria aplicado retroactivamente, que implicó un aumento del 5,71% en marzo de 2018, en lugar del 14,5% que habría correspondido según el régimen anterior. Es decir, menos de un 40% de los aumentos que hubieran correspondido con el sistema anterior.
La nueva ley estableció una movilidad trimestral basada en un 70% en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC y un 30% en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Esta fórmula reemplazó el sistema semestral previo, que consideraba variaciones en periodos de seis meses para los ajustes. Desde entonces, el poder adquisitivo de las jubilaciones no hizo más que descender o estancarse, para derrumbarse en los últimos dos años, con una jubilación mínima que está por debajo de la línea de indigencia del Indec.
La Corte sostuvo que el Congreso tiene facultad para modificar el régimen de movilidad siempre que no afecte sustancialmente el contenido económico, y que no existe un derecho adquirido sobre el sistema anterior. De esta manera, rechazó la demanda por inconstitucionalidad y avaló los cambios frente a los reclamos de los jubilados.
