En la séptima audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la fiscalía presentó la acusación principal basada en testimonios de arrepentidos y pruebas sobre presuntas coimas en la asignación de obra pública entre 2003 y 2015. La acusación sostiene que los empresarios obtenían favores del Estado y el grupo paraestatal se enriquecía, asegurando la continuidad de una asociación ilícita durante ese período.
La defensa de Julio De Vido intentó recusar a la fiscalía, pero el tribunal rechazó el planteo. Los fiscales detallaron su hipótesis: existió un sistema organizado, jerárquico y constante, coordinado desde el ministerio de Planificación, para llevar adelante una recaudación ilegal. Según el secretario del Tribunal Oral Federal N°7, está probado que integrantes de la organización acordaron con responsables de empresas el pago de sumas de dinero para que los funcionarios beneficiaran a esas compañías.
El pedido de elevación a juicio de 47 páginas valora los testimonios de los imputados colaboradores y describe un sistema dual de recaudación: algunos funcionarios retiraban dinero directamente de las empresas, mientras que actores financieros recolectaban fondos mediante retornos pactados en grandes obras públicas. Firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían participado del esquema de pagos ilegales en contrataciones, licitaciones, plazos, certificaciones y pagos.
El fiscal Carlos Stornelli sostiene que la estructura delictiva estaba centralizada en el departamento de la calle Uruguay y la Quinta de Olivos, donde el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, recibía fondos para las máximas autoridades del poder ejecutivo. Además, está prevista la lectura del tramo que describe a Roberto Baratta como pieza clave del circuito de recaudación y nexo permanente entre empresarios e intermediarios.
