La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles al Tribunal Oral Federal N°4 iniciar la devolución al Estado de fondos por USD 61,13 millones. Los bienes y activos de Lázaro Báez y su hijo Martín quedaron confiscados. La Corte dispuso la adjudicación definitiva de esos inmuebles y propiedades.
El TOF 4 ejecutó las medidas patrimoniales en abril de 2021. La Cámara de Casación las confirmó en 2023. La Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa en mayo de 2025.
La Justicia probó una organización criminal activa entre 2010 y 2013. El grupo lavó activos mediante la financiera SGI. Los fondos provenían principalmente de Austral Construcciones.
Un juez federal otorgó una medida cautelar en octubre. Esa resolución suspendió el decreto del Gobierno Nacional sobre un Consejo de Bienes Recuperados. Ahora, la decisión del máximo tribunal reafirmó la competencia exclusiva de los magistrados penales.
