El juicio por la causa Cuadernos inició este jueves de manera virtual en los tribunales de Comodoro Py, con Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 imputados bajo investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. Durante la primera audiencia, el secretario del Tribunal Oral Federal N°7, Ernesto Javier Ruiz, afirmó que quedó establecido que la expresidenta habría actuado como líder de una asociación ilícita. Según Ruiz, esta organización tendría como objetivo la recaudación de dinero ilícito para enriquecimiento personal y para financiar la comisión de otros delitos.
En esta etapa, se analizará el rol de la exmandataria y el de otros 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios acusados de integrar una supuesta red criminal. Se cree que dicha red recibió pagos ilegales de empresas de los sectores de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales. Durante las audiencias, que se realizarán semanalmente a través de Zoom y en algunos casos se transmitirán por YouTube, se evaluarán elementos clave como los registros del chofer Oscar Centeno, cuyos escritos dieron inicio a la investigación.
La fiscal general Fabiana León lidera las acusaciones y deberá pronunciarse sobre posibles acuerdos judiciales con los empresarios involucrados, aunque la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de la querella, ya anticipó su rechazo a cualquier pacto. Este proceso judicial llega tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli de elevar la causa a juicio, buscando esclarecer tanto las motivaciones como las pruebas relacionadas con los pagos registrados, además de los presuntos mecanismos ilegales en contratos vinculados al transporte ferroviario y vial.
En este contexto, Stornelli insiste en que Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta arresto domiciliario por otra condena por fraude al Estado, debe ser nuevamente juzgada como presunta líder de la organización ilícita y coautora de cohecho pasivo. Paralelamente, la investigación también examina el grado de participación y responsabilidad de otros actores políticos, incluyendo al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, en posibles coordinaciones para ejecutar estas maniobras ilícitas.
