Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el 15% de los asalariados del país enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Incluso dentro del grupo de trabajadores con empleo formal, el estudio evidencia que el 7% padece inseguridad alimentaria. Estas cifras ilustran el impacto del deterioro del poder adquisitivo y la precarización de las condiciones laborales sobre la calidad de vida de los trabajadores argentinos.
El análisis, realizado entre 2017 y 2024 mediante la Encuesta de la Deuda Social Argentina, pone de manifiesto cómo los bajos ingresos, la falta de empleo registrado y las desigualdades estructurales contribuyen al problema alimentario. Según la UCA, garantizar una nutrición adecuada forma parte esencial de condiciones laborales dignas. Por lo tanto, la incapacidad de muchos trabajadores para acceder a alimentos suficientes señala deficiencias más profundas relacionadas con la ausencia de protección social y las brechas económicas.
Las disparidades educativas y económicas son igualmente relevantes en esta problemática. En hogares con niveles educativos bajos o en situación de pobreza, más del 30% enfrenta inseguridad alimentaria, mientras que entre los trabajadores universitarios esta cifra disminuye al 4%. La UCA advierte que estas desigualdades perpetúan un ciclo de exclusión: menor capacitación y menores ingresos conducen a una peor alimentación, impactando desfavorablemente en la salud y el rendimiento laboral.
A nivel regional, las zonas urbanas evidencian importantes contrastes. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires registra las tasas más bajas de inseguridad alimentaria, regiones como el conurbano bonaerense y el interior del país muestran cifras significativamente superiores. Además, los sindicatos parecen desempeñar un papel clave en este contexto. Aquellos trabajadores afiliados a gremios se benefician de mejoras en seguridad alimentaria gracias a convenios colectivos y acuerdos laborales. Sin embargo, mujeres, jóvenes y empleados informales continúan siendo los colectivos más afectados por esta problemática, destacando la necesidad de políticas públicas integrales que aborden empleo, ingresos y alimentación como parte de un enfoque común para garantizar derechos laborales dignos.
