En la causa vinculada a YPF, el Gobierno argentino notificó a la jueza Loretta Preska su intención de colaborar con la entrega de los mensajes y correos electrónicos requeridos por la justicia de Estados Unidos. Pese a este avance, el Ejecutivo solicitó una nueva extensión del plazo para cumplir con el pedido, que inicialmente vencía el 4 de noviembre, proponiendo como nueva fecha límite el 21 del mismo mes.
El pedido busca disponer de un margen adicional para gestionar los permisos individuales de los 35 funcionarios y exfuncionarios implicados en la investigación. El proceso requiere su consentimiento debido a las normativas locales sobre privacidad. Si bien la jueza había exigido que se presentaran las comunicaciones o se justificara su inaccesibilidad dentro de los plazos establecidos, la estrategia parece haberse modificado para garantizar el cumplimiento.
El documento presentado por la representación legal de Argentina subraya que los esfuerzos están centrados en obtener las autorizaciones pertinentes, respetando la normativa vigente. Desde el Estado aclararon que esta colaboración no implica validar el contenido de los mensajes involucrados, sino demostrar disposición para cumplir con el proceso judicial y evitar posibles sanciones procesales adicionales.
La jueza Preska evaluará en los próximos días si acepta la prórroga solicitada, mientras organismos clave como el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro monitorizan atentamente el caso. En un escenario crítico tras un fallo desfavorable que dejó al país expuesto a una millonaria demanda, el Gobierno busca ganar tiempo y mantener una postura conciliadora frente al tribunal estadounidense.
