La Corte Suprema de Justicia tomó decisiones clave al desestimar más de veinte recursos presentados por defensas de exfuncionarios y empresarios, permitiendo que avance la causa por presunta asociación ilícita vinculada a la obra pública. Asimismo, revirtió el sobreseimiento de Daniel Muñoz en un expediente relacionado con lavado de dinero, avanzando hacia un juicio oral que involucra directamente a Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados. Este proceso judicial comenzará el próximo 6 de noviembre, consolidando un hito en los casos de corrupción en la obra pública.
El máximo tribunal respaldó la legitimidad de la investigación en el caso "Los cuadernos de las coimas", al rechazar los pedidos impulsados por la expresidenta, el exministro Julio De Vido y varios empresarios. Se trata del estudio de una presunta red de sobornos relacionados con contratos estatales durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.
DanieEn paralelo, se concedió un recurso de la Procuración General que anuló el sobreseimiento que había favorecido a Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, tras descubrirse propiedades e inversiones en el extranjero vinculadas a los "Panamá Papers". Pochetti, en su rol de arrepentida, declaró incluso que sobornó a un juez para evitar la continuidad de esa investigación.
La decisión judicial también allana el camino para el decomiso de bienes asociados a las causas de corrupción. Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N°7 se encuentra listo para dar inicio al juicio contra los imputados, involucrados en una supuesta asociación ilícita destinada a gestionar pagos ilegales dentro del ámbito del Estado. Entre los altos magistrados que firmaron esta resolución destacan Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes argumentaron que los recursos rechazados no apuntaban a sentencias definitivas.
Finalmente, la Corte ordenó que se reevaluara el caso de Pochetti en línea con el dictamen de la Procuración General. Según el fallo, los sobreseimientos solo pueden comprender hechos probados ante el tribunal, lo que reabre la investigación iniciada en 2013 por Elisa Carrió y la Unidad de Información Financiera.
