La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido emprender acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional, exigiendo la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Aunque esta normativa fue promulgada recientemente, su puesta en práctica quedó en suspenso hasta que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento correspondientes, generando un clima de incertidumbre en el ámbito académico, y una circunstancia inédita de desobediencia a la Constitución Nacional por parte de un Gobierno electo democráticamente.
El Consejo Superior de la universidad aprobó una resolución en la que encomendó al rector, Ricardo Gelpi, tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. Alegaron que la suspensión aplicada por el Ejecutivo afecta los derechos constitucionales que protegen la educación pública y atenta contra el equilibrio de poderes establecido en la norma fundamental del país. Según manifestaron, esta decisión contradice la voluntad legislativa del Congreso y pone en riesgo principios democráticos fundamentales.
Desde la UBA también alertaron sobre los efectos de esta demora, señalando que la falta de implementación vulnera derechos constitucionales y agrava la crítica situación presupuestaria que enfrentan las universidades nacionales. Asimismo, destacaron la incidencia negativa sobre los salarios docentes, remarcando que declararon el estado de emergencia ante este complejo escenario y subrayando que la ley representaba una solución directa a esta problemática.
La promulgación de esta normativa se efectuó mediante el Decreto 759/2025 publicado días atrás en el Boletín Oficial, tras superar el veto interpuesto por Javier Milei en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, sigue sin aplicarse por falta de definición presupuestaria. Una situación similar atraviesa la Ley N.º 27.796, vinculada a la emergencia sanitaria pediátrica y las residencias nacionales en salud, cuya ejecución también fue pospuesta pese a priorizar recursos esenciales como medicamentos, infraestructura y salarios.
