El Juzgado Federal 2 de Catamarca amplió a nivel nacional una medida cautelar inicialmente vigente en la provincia, ordenando a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas por el Gobierno. Asimismo, instruyó abonar los haberes retenidos y detener las auditorías y nuevas suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.
La resolución se originó a partir de un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de Catamarca, personas con discapacidad y la Asociación APYFaDiM. A esta demanda se sumaron otras iniciadas en La Plata por la Asociación Azul, ACIJ, y CELS, con el respaldo jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. También intervinieron diversas organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
En su acción, ACIJ señaló que el accionar estatal vulneró el debido proceso, así como derechos fundamentales como el acceso a la seguridad social, la salud y la vida independiente. Además, criticaron la creación de nuevas obligaciones para los beneficiarios sin una adecuada difusión sobre la necesidad de actualizar domicilios tras el inicio de las auditorías.
La suspensión de más de 100.000 pensiones en meses recientes significó, según ACIJ, una grave violación a los derechos fundamentales de personas con discapacidad, agravando su situación histórica de vulnerabilidad. El fallo federal subrayó la obligación del Estado de corregir estas prácticas arbitrarias para garantizar el derecho a una vida digna.
El tema es especialmente urticante, pues Discapacidad es uno de los sectores más perjudicados por el Gobierno a nivel derechos e ingresos, y el lugar en donde Diego Spagnuolo denunció un esquema generalizado de coimas por sobreprecios que involucraba a Karina Milei, Lule y Martín Menem, con especial énfasis en la droguería Suizo Argentina.
