El empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, fue procesado junto a otros dirigentes de su laboratorio en una causa que investiga la muerte de 96 personas debido a la aplicación de fentanilo contaminado producido por su compañía. La Justicia federal ordenó un embargo sobre sus bienes por un total de mil millones de pesos y lo imputó como "coautor penalmente responsable" bajo cargos que implican penas de hasta 25 años de prisión.
El informe clave del Instituto Malbrán detectó severas irregularidades en la producción de las ampollas de HLB Pharma, específicamente en los lotes identificados como 31202 y 31244. Los análisis revelaron contaminación con bacterias resistentes como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae, capaces de provocar infecciones letales en pacientes bajo condiciones críticas. Las muestras coinciden genómicamente con productos incautados en las instalaciones del laboratorio.
Junto a García Furfaro también fue procesada su madre, Nilda, quien enfrenta arresto domiciliario en el marco de un pedido de prisión preventiva. Según la resolución del juez Ernesto Kreplak, la mujer fue señalada como partícipe necesaria en la manipulación defectuosa de los medicamentos, los cuales representaron un grave riesgo para la salud pública, derivando en muertes masivas.
El dueño del laboratorio ya posee antecedentes penales: fue condenado en 2002 a siete años por tentativa de homicidio contra un empleado de un restaurante de su propiedad. Tras cumplir aquella sentencia, se dedicó al sector farmacéutico y expandió sus negocios. Actualmente enfrenta además otro proceso judicial por presunto contrabando agravado.
