La Justicia avanza en la investigación por presuntas coimas que involucran a la familia Kovalivker y funcionarios del Gobierno. En las últimas horas, se ordenó el bloqueo de cajas de seguridad en bancos y espacios privados pertenecientes a los imputados y sus allegados, con el propósito de impedir el acceso mientras se esclarecen los hechos. Estas medidas fueron dispuestas por el fiscal Franco Picardi, quien lidera la causa vinculada al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
El caso tomó forma tras la filtración de audios donde Spagnuolo señalaba a funcionarios como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo Menem, subsecretario de gestión institucional. En esas grabaciones también se mencionaba un supuesto esquema de corrupción relacionado con la droguería Suizo Argentino, propiedad de la familia Kovalivker. Los investigadores intentan determinar si parte del patrimonio de los involucrados proviene de actividades ilícitas, ampliando las diligencias hacia empresas privadas encargadas de trasladar y resguardar dinero.
En este contexto, Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería mencionada, entregó su celular para ser sometido a peritajes judiciales. Sin embargo, el dispositivo fue entregado con un reseteo de fábrica que eliminó toda información previa. Paralelamente, Fernando Cerimedo, consultor de comunicación de La Libertad Avanza, declaró bajo juramento haber escuchado a Spagnuolo hablar sobre un “esquema de corrupción” en el organismo. Dicha afirmación fue ratificada durante su comparecencia ante el fiscal Picardi.
Cerimedo aseguró que no participó en la grabación ni difusión de los audios y señaló que Spagnuolo le había expuesto dichos señalamientos en diversas ocasiones. Lo declarado concuerda con el contenido registrado en los audios divulgados por medios y plataformas digitales.
