El fiscal Carlos Stornelli, un viejo conocido en causas contra funcionarios kirchneristas en tiempos de la presidencia de Macri, ha solicitado formalmente este martes la apertura de una investigación judicial en respuesta a la denuncia del Gobierno por los audios presuntamente grabados en la Casa Rosada, que se atribuyen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
A pesar de considerar que los hechos denunciados son lo suficientemente graves para ameritar una pesquisa, el fiscal ha dejado en claro que no pedirá allanamientos a periodistas ni medios de comunicación. Esta postura reafirma el derecho constitucional que protege el secreto de las fuentes periodísticas, un principio que, según Stornelli, debe ser respetado por mandato constitucional.
La denuncia del Gobierno surge tras la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se insinuaban supuestas coimas que salpican a la cúpula del Poder Ejecutivo. El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció un operativo de inteligencia ilegal con la intención de desestabilizar al país en un momento políticamente sensible. Además, la justicia ha concedido una medida cautelar para prohibir la reproducción de estas filtraciones que involucran a Karina Milei y su asesor Eduardo "Lule" Menem.
Aunque Stornelli no emitió una opinión directa sobre el sustento de la denuncia gubernamental, sí consideró que la presunta operación de inteligencia es "de factura indudablemente clandestina" y que no puede descartarse la ilegitimidad de los audios. Este análisis sugiere que, para el fiscal, existen elementos suficientes para presumir la comisión de un delito. Su decisión de iniciar la investigación y solicitar medidas de prueba se basa en la seriedad y verosimilitud de los hechos, lo que justifica la intervención de la justicia para esclarecer la verdad.
