En el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su participación en el escape de Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina. Según el fiscal Franco Picardi, De Vincentis habría facilitado la evasión de Kovalivker durante un allanamiento en su domicilio ubicado en el exclusivo barrio del norte bonaerense, obstaculizando así el accionar de las autoridades.
La investigación reveló que De Vincentis es señalado como responsable de frustrar la operación policial que intentaba incautar celulares y otros elementos clave para la causa. Por esta razón, Casanello dictaminó su procesamiento bajo los cargos de desobediencia a la autoridad, obstrucción de un acto funcional y encubrimiento, imponiéndole además un embargo de $2 millones. El fallo se fundamentó en pruebas como mensajes que hacen referencia a un "protocolo no escrito", diseñado para no colaborar con las fuerzas de seguridad en procedimientos similares.
El juez también destacó irregularidades en las acciones del área local de seguridad durante los allanamientos en Nordelta. Según lo denunciado, estas prácticas entorpecían deliberadamente el trabajo de los efectivos mediante procesos burocráticos que anulaban el efecto sorpresa requerido en este tipo de operativos. Se señaló que todo debía pasar previamente por el área de Legales, estableciendo un mecanismo que simulaba ser una especie de exhorto interjurisdiccional.
Simultáneamente, Martín Magram, abogado representante de los propietarios de la droguería implicada, presentó un reclamo de nulidad absoluta de la causa por supuestos sobornos vinculados a audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, atribuyendo a Karina Milei y Lule Menem un sistema de captación de coimas por sobreprecios en medicamentos para discapacitados. En su escrito, denunció el impacto reputacional negativo y los daños económicos sufridos por sus representados, argumentando que el proceso afectó a ciudadanos sin antecedentes legales y a empresas esenciales para el suministro nacional de medicamentos.
