El juez Ernesto Kreplak solicitó la intervención urgente del área de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires en el laboratorio Ramallo S.A., propiedad del detenido Ariel García Furfaro, luego de difundirse imágenes impactantes de una montaña de ampollas de fentanilo descartadas en uno de los sectores del establecimiento. En respuesta, se ordenó preservar el lugar, realizar un registro fotográfico y elaborar un croquis por parte de las fuerzas que custodian el sitio clausurado. Además, se pidió el inmediato ingreso de personal del Ministerio de Medio Ambiente provincial.
Hasta ahora las autoridades no habían sido alertadas sobre este escenario, ni durante las tres inspecciones previas ni por la custodia permanente de efectivos federales en el laboratorio desde su clausura. La intervención del Ministerio de Medio Ambiente resulta clave, ya que es el organismo encargado de gestionar el desecho de medicamentos y permitirá evaluar el impacto ambiental generado por esta situación.
Aunque aún no se ha confirmado si las ampollas pertenecen a lotes adulterados o en desuso, las primeras inspecciones apuntan a que se tratarían de materiales descartados. Por otra parte, se solicitó notificar a los responsables del caso para determinar los próximos pasos a seguir. Este hallazgo se suma a la investigación en curso, que ya incluía graves irregularidades relacionadas con la infraestructura y sanidad del establecimiento.
Informes periciales han señalado desde el inicio de la investigación que la estructura del laboratorio presentaba múltiples deficiencias. A pesar de haber recibido reiteradas advertencias sobre problemas constructivos y sanitarios, Furfaro aparentemente ignoró estas observaciones. De acuerdo con los registros obtenidos, las condiciones edilicias comprometidas forman parte de los puntos críticos que sostienen la causa.
