Tras meses de retrasos, la oposición activó la comisión investigadora del caso Libra en el Congreso este jueves. Este organismo se enfocará en esclarecer la posible participación del presidente Javier Milei y su hermana Karina en el escándalo relacionado con la promoción de una criptomoneda bajo investigación judicial por presunta estafa. La iniciativa fue respaldada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y grupos de izquierda, quienes impulsaron el funcionamiento de la comisión tras tres meses de parálisis.
Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica, fue designado como presidente de la comisión tras modificar la normativa que permitió desbloquear su creación. Ferraro subrayó la importancia de la investigación legislativa mientras la causa avanza judicialmente, refiriéndose a posibles accesos privilegiados a información en el poder, aunque evitó tomar posiciones adelantadas sobre el asunto. La vicepresidencia quedó vacante y Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, asumió el rol de secretario. Por otro lado, Gabriel Bornoroni, representante de La Libertad Avanza, expresó su rechazo al avance del organismo y calificó el proceso como un atropello que no respeta los plazos originalmente establecidos.
A lo largo de esta primera reunión se acordaron las bases de funcionamiento: los martes a las 16 horas serán los encuentros oficiales, en los cuales se estructurará un reglamento y se gestionarán pedidos de informes a funcionarios implicados. Asimismo, el grupo tendrá hasta el 10 de noviembre de 2025 para presentar sus conclusiones y remitir un informe final a la Cámara de Diputados. Esta extensión generó críticas desde el oficialismo, cuyos representantes consideran caducado el plazo original de 90 días otorgado a la comisión en julio pasado. En contraste, la oposición defiende que esos tiempos aún no comenzaron debido a la falta previa de autoridades designadas.
El oficialismo y sus aliados rechazaron categóricamente esta reactivación impulsada por la oposición. Silvana Giudici, diputada del PRO, cuestionó la iniciativa argumentando que cualquier acción posterior al vencimiento inicial resulta inválida. Además, acusó a los bloques opositores de promover un modelo de voto ponderado inconstitucional para asegurar control sobre la presidencia del organismo, lo que consideró perjudicial para la pluralidad política del Congreso.
