La Justicia federal decidió apartar al Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, cuya administración provocó la muerte de al menos 96 personas en hospitales y sanatorios del país. Según resolvió el juez Ernesto Kreplak, el órgano estatal podría afrontar intereses contrapuestos durante el proceso judicial, lo que llevó a cuestionar su legitimación activa en el caso.
La medida fue adoptada tras la detención de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a diversos directivos, accionistas y responsables técnicos de ambas firmas. Estos fueron señalados por graves irregularidades en la producción y comercialización del medicamento adulterado. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal solicitó profundizar las investigaciones sobre posibles fallas y complicidades de organismos estatales encargados de controlar los laboratorios.
Con la salida del Ministerio de Salud como querellante, se mantienen en el proceso los familiares de las víctimas y el Hospital Italiano de La Plata, que actuó como denunciante inicial tras registrar las primeras muertes vinculadas al fentanilo contaminado. Además, se indaga sobre eventuales omisiones o acciones deliberadas en las auditorías estatales que pudieron facilitar la distribución del producto inadecuado.
García Furfaro, señalado como principal responsable, se entregó este miércoles por la noche en Ezeiza y será interrogado junto a otros detenidos, incluidos sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda García Furfaro y varias figuras jerárquicas de las compañías implicadas. El jueves está previsto que presten declaración ante el juez Kreplak para avanzar en el esclarecimiento de este grave hecho.
