El Juzgado Civil y Comercial Federal N°2 declaró la caducidad de la demanda civil contra Cristina Fernández en el caso Vialidad, un proceso paralelo a la causa penal por la que cumple arresto domiciliario. Como resultado, la expresidenta y los demás condenados quedaron eximidos de pagar un resarcimiento de $22.300 millones, monto que representaba la mitad de las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez durante su gestión y que quedaron inconclusas. La demanda por daños y perjuicios había sido iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri.
El juez suplente Marcelo Bruno Dos Santos tomó esta decisión al considerar que el organismo encargado no impulsó el proceso dentro de los plazos estipulados por el Código Procesal, lo que llevó a la caducidad, aunque no al cierre definitivo del expediente. La defensa de Fernández, liderada por Luis Goldin, argumentó que la falta de avances desde octubre de 2023 reflejaba desinterés por parte de Vialidad Nacional, solicitud que finalmente prosperó.
A pesar del fallo, el Gobierno negó que hubiera existido inactividad procesal prolongada como para justificar la caducidad. Desde su posición, argumentaron que se habían incorporado al expediente civil pruebas y sentencias provenientes de la causa penal tras el fallo de la Cámara Federal de Casación que confirmó las condenas por administración fraudulenta.
En paralelo, el Tribunal Oral Federal N°2 continúa con las acciones relacionadas a la ejecución de bienes de los condenados en el caso penal. No obstante, recientemente autorizó una apelación presentada por la defensa de Kirchner para que Casación revise el monto del decomiso, calculado en USD 537 millones, equivalente a $684.990.350.139,86, aunque sin efecto suspensivo sobre las decisiones actuales.
