El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, dirigido por María Servini, ordenó el congelamiento de activos en criptomonedas USDT alojados en la red Ethereum, tras una solicitud del fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa Libra. La medida fue respaldada por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). A través de un análisis de trazabilidad realizado en la blockchain de Ethereum, se identificó la dirección CPE1, controlada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, con un saldo de 517.728,79 USDT al 18 de junio de 2025.
A pesar del congelamiento inicial, los fondos fueron trasladados a otras billeteras digitales. El 12 de julio, se detectó que la billetera CPE1 fue vaciada, enviando dinero a CPE24 y posteriormente a CPE26 y CPE25. Esto llevó a ampliar la orden de congelamiento, incluyendo otros montos: 253.387,65 USDT en CPE26 y 48.417,83 USDT en CPE9, esta última directamente vinculada a Novelli mediante transferencias a través de Binance. Para garantizar la efectividad de la medida, el juzgado solicitó cooperación internacional a El Salvador para que Tether implemente el bloqueo de los fondos y evite su movilización ante el carácter descentralizado de las criptomonedas.
La investigación involucra a empresarios como Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de figuras como Bartosz Lipinski y Sergio Daniel Morales. También están mencionados el Presidente Javier Milei y Karina Milei, secretaria general de la Presidencial, acusados de recibir fondos en reuniones presuntamente facilitadas por estos empresarios. Los encuentros habrían tenido lugar en la Casa Rosada y el Hotel Libertador.
Según avances en el caso, estas transacciones representan una red compleja con posibles vínculos al financiamiento indirecto de funcionarios públicos. Las investigaciones sugieren que empresarios habrían entregado dinero al presidente o sus allegados para gestionar reuniones específicas. Los detalles apuntan a maniobras financieras realizadas tanto en el país como en el extranjero, incrementando la dificultad para rastrear y asegurar los fondos.
El fiscal aseguró que los procesos están marcados por una alta complejidad debido a la cantidad de personas involucradas y los vínculos informales que los conectan. Advirtió que la dispersión del dinero en criptomonedas sin una autoridad central representa un riesgo significativo para asegurar su cautela. Subrayó que cualquier demora adicional podría imposibilitar el manejo seguro y legal de los recursos detectados.
