El Gobierno informó la suspensión de más de 100.000 Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral, tras detectar irregularidades en su otorgamiento. Según informó Manuel Adorni, vocero oficial, el 60% de los beneficiarios no cumplió con el proceso de verificación exigido para continuar recibiendo el subsidio. Este hecho ocurrió días después de que Javier Milei vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Senado en julio, la cual proponía mejoras en las prestaciones y ajustes en los subsidios.
En una conferencia en la Casa Rosada, Adorni explicó que aproximadamente 110.522 pensiones fueron canceladas por irregularidades atribuidas a gestiones anteriores. Además, se sumaron 8.107 bajas relacionadas con beneficiarios fallecidos y 10.038 que renunciaron voluntariamente. El Ejecutivo estima un ahorro mensual cercano a $35.000 millones como resultado de esta revisión, destacando casos particulares de fraude, como la repetición de estudios médicos entre diferentes solicitantes.
El funcionario también señaló que, entre 2003 y 2015, bajo los tres gobiernos kirchneristas, las pensiones por discapacidad aumentaron notablemente de 79.000 a más de un millón. Esta tendencia continuó variando durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, alcanzando un pico de 1.222.000 beneficiarios en diciembre de 2023, cifra cuestionada por no corresponder al contexto histórico de un país sin conflictos bélicos ni desastres naturales recientes.
Las suspensiones obedecen principalmente al incumplimiento de requisitos mínimos y a inasistencias injustificadas a auditorías programadas. Según las autoridades, este proceso podría derivar en bajas definitivas para quienes no regularicen su situación, mientras se continúa evaluando casos específicos que comprometen la transparencia del sistema.