El proyecto de financiamiento universitario establece la obligación del Ejecutivo de actualizar los fondos destinados a gastos operativos, así como los sueldos de empleados universitarios, docentes y no docentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la promulgación de la ley. Los incrementos deberán ser remunerativos y bonificables, además de contemplar una actualización mínima trimestral en las negociaciones paritarias y una revisión salarial mensual acorde al índice de inflación.
Asimismo, la normativa define un compromiso presupuestario relacionado con el Producto Bruto Interno, proyectando un aumento progresivo en el presupuesto universitario. Esto implica alcanzar un mínimo del 1% del PBI en 2026, con aumentos graduales que lleven el porcentaje al 1,5% para el año 2031. Este mecanismo busca garantizar un crecimiento sostenido en la inversión pública destinada a la educación superior.
Por último, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso no ha presentado un cálculo del impacto fiscal del proyecto, estimaciones realizadas por la oposición sitúan su costo en aproximadamente el 0,14% del PBI, lo que equivaldría a $1059 millones. Por su parte, La Libertad Avanza señala que el gasto fiscal podría superar los $1500 millones.
