Tras la presentación de un recurso de amparo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Justicia federal decidió suspender la implementación del decreto mediante el cual el Gobierno había autorizado la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria. El fallo, emitido por el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, ordena al Ejecutivo abstenerse de realizar cualquier acción derivada del Decreto PEN N°462/2025, incluyendo cambios en la estructura organizativa o movimientos relacionados con el personal del instituto.
La magistrada Martina Isabel Forns argumentó su decisión afirmando que se cumplen los requisitos necesarios para admitir la medida de no innovar solicitada por ATE. En su presentación, el sindicato cuestionó la legitimidad del decreto, alegando que carece de sustento legal y vulnera principios constitucionales como la división de poderes, la libertad sindical y la estabilidad laboral en el sector público. Según ATE, estas acciones buscan disolver o intervenir el INTI sin respetar el marco legal vigente ni los derechos fundamentales.
Esta resolución judicial surge en medio de críticas hacia el Gobierno, liderado por Javier Milei, contra su plan desregulatorio y su intención de reorganizar varias entidades nacionales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó duramente su rechazo al Ejecutivo, acusándolo de intentar reducir la industria y la producción. Por otra parte, dirigió sus señalamientos hacia Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, calificando las medidas implementadas como "decretos falsos" y anunciando la intención sindical de bloquear sus políticas.
En este contexto político y administrativo, el decreto también impactó a otras instituciones como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), reconfigurándolos bajo estructuras dependientes de diversas secretarías. Además, llevó a la disolución de organismos específicos como ARICCAME, INASE, y otros entes vinculados a actividades agrícolas y familiares. Estas acciones han generado una reacción en cadena entre sindicatos y sectores críticos que alertan sobre posibles perjuicios en la economía y la estabilidad laboral.
