El Gobierno incrementó la alícuota de los aportes y contribuciones sociales relacionadas con actividades de los clubes de fútbol, pasando del 7,5% al 13,06%. También estableció un proporcional adicional transitorio del 5,56% por un período de 12 meses para contrarrestar el déficit en el sistema jubilatorio. Según Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, esta medida busca equilibrar el financiamiento previsional, considerando que los ingresos generados por las ventas de jugadores argentinos alcanzaron los 324 millones de dólares en 2024, pero actualmente están subsidiados por los jubilados.
El funcionario recordó que en 2001 la AFA obtuvo un régimen especial de aportes jubilatorios durante el gobierno de Eduardo Duhalde, reemplazando la estructura general por un sistema basado en ventas de entradas, transferencias y derechos televisivos. Sin embargo, advirtió que este modelo resultó deficitario para el sistema previsional, generando un desfinanciamiento que recaía sobre los jubilados. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, se registró un déficit de 7.000 millones, mientras clubes y la AFA aprovecharon vacíos legales para extender las exenciones a otras actividades no vinculadas al fútbol.
Sturzenegger señaló también que los clubes modificaron sus sistemas de ingreso al público, pasando de ventas de boletos a abonos excluidos del régimen vigente. Criticó que la AFA sigue beneficiándose de privilegios, a pesar de tener ingresos millonarios. Destacó el impacto del Decreto 939/24, que obligó al fútbol a retornar al esquema regular de aportes, pero lamentó que persistiera una resistencia por parte del sector respaldada judicialmente mediante cautelares, lo cual contribuye a prolongar la desfinanciación.
Finalmente, el ministro cuestionó la falta de discusión sobre este tema en el ámbito legislativo, señalando que diputados y senadores no han abordado el problema estructural del déficit previsional. Para Sturzenegger, la protección jurídica de las exenciones muestra una alianza perjudicial entre intereses privados y el sistema judicial que dificulta revertir una situación injusta para los jubilados, quienes siguen siendo los más afectados por estas políticas.
