La Justicia ha citado a indagatoria a Héctor Guerrero, el cabo primero de Gendarmería acusado de disparar al fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso el pasado 12 de marzo. Si bien Gendarmería cerró el expediente administrativo del caso en tiempo récord, calificando el hecho como fortuito, la jueza María Servini tomó esta decisión tras recibir un informe detallado que reconstruye los acontecimientos del día en que Grillo estuvo al borde de perder la vida mientras capturaba imágenes de una marcha de jubilados. La citación está programada para el 2 de septiembre y, mientras tanto, Guerrero tiene prohibido salir del país.
La investigación busca establecer las circunstancias exactas del disparo que impactó en la cabeza del fotógrafo. Entre las pruebas que se realizarán destacan una pericia balística para determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad, el ángulo de disparo y la posición del arma en el momento del incidente. Además, se intentará esclarecer si el impacto fue directo o si el proyectil entró en contacto con alguna superficie antes de alcanzar a Grillo. También se analizará si esa interacción modificó su velocidad o trayectoria.
Por solicitud de la jueza, la División Balística de la Policía de la Ciudad será la encargada de realizar este peritaje, apoyándose en su equipo técnico y colaborando con otras divisiones si es necesario. Parte de la evidencia presentada hasta ahora incluye un informe audiovisual elaborado por expertos científicos y cinematográficos. Este reporte detalla que múltiples efectivos realizaron disparos bajo la misma modalidad, descartando que lo ocurrido con Grillo fuera un hecho extraordinario.
La postura de Gendarmería en su resolución administrativa ha generado controversia. Según la institución, el proyectil que hirió a Grillo fue resultado de una mala visibilidad del cabo Guerrero y una supuesta imprudencia del fotógrafo por ubicarse en una "línea de tiro". Sin embargo, tanto la defensa de la víctima como organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron esta versión, destacando las inconsistencias y la celeridad con la que se archivó el caso.
