El gobierno argentino valoró como un avance la decisión de la Justicia de Estados Unidos de dividir en cuatro partes las apelaciones relativas al juicio por YPF. La resolución permite a Argentina presentar recursos simultáneamente en lugar de afrontar un único proceso acumulado, lo que fue considerado por la Casa Rosada como una estrategia que podría extender los tiempos judiciales y retrasar la ejecución de un eventual pago.
En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó una primera nota formal ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York para comenzar el trámite de apelación contra la sentencia que exige la transferencia de activos estatales. También se solicitó suspender dicha medida hasta que se resuelva el recurso presentado. No obstante, el oficialismo desconfía de que la jueza Loretta Preska acepte detener la ejecución y ya evalúa recurrir a instancias superiores, como la Corte Suprema de Estados Unidos, para evitar sanciones que puedan derivarse del incumplimiento.
La jueza Preska debe decidir ahora si concede a la Argentina una suspensión del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF. Este pronunciamiento es crucial, ya que el plazo para depositar dichas acciones en custodia de un banco en Nueva York vence próximamente. Mientras tanto, Preska también convocó a Argentina y los demandantes a una reunión para abordar disputas relacionadas con información sobre entidades estatales clave, buscando avanzar en eventuales embargos. El gobierno argentino, sin embargo, mantiene su decisión de no negociar ni ceder posiciones al respecto.
Desde la Casa Rosada insisten en que la sentencia viola la normativa sobre expropiación de YPF y subrayan que cualquier transferencia accionaria requiere el aval del Congreso mediante una mayoría calificada. Fuentes oficiales enfatizan que bajo ningún escenario se llevará a cabo la entrega de acciones, argumentando además que estos títulos se encuentran resguardados en la Caja de Valores, lo que impide su inmediata transferencia.
Por último, los equipos técnicos recalcan que una cesión accionaria tendría efectos irreversibles, ya que los demandantes han manifestado su intención de vender las acciones una vez recibidas. Esto complicaría aún más el panorama en caso de un resultado favorable para Argentina en las apelaciones. Asimismo, advierten que si las autoridades estadounidenses no conceden la suspensión requerida, el país podría enfrentarse al dilema de modificar su legislación interna, incumplirla o desobedecer una orden judicial extranjera.
