La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que Cristina Fernández deberá continuar cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su departamento del barrio porteño de Constitución, por la causa Vialidad. Además, se mantendrá el régimen de visitas limitadas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2, que la sentenció a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal rechazó todos los pedidos de la defensa de la actual presidenta del Partido Justicialista, con la mayoría formada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.
Hornos y Barroetaveña justificaron su decisión destacando que el uso del dispositivo electrónico y las restricciones en las visitas son medidas que refuerzan el control y ofrecen protección jurídica para prevenir riesgos procesales y garantizar la seguridad de la expresidenta. Por su parte, Borinsky cuestionó la necesidad de la tobillera, argumentando la escasez de estos recursos en el país y señalando que Kirchner cuenta con custodia permanente las 24 horas. Asimismo, los jueces decidieron que Cristina siga cumpliendo su pena en su domicilio actual, rechazando los reclamos del Gobierno de la Ciudad sobre los conflictos generados con los vecinos del barrio.
En paralelo, el fiscal Mario Villar desistió de solicitar que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria y se traslade a la exmandataria a una cárcel común, alegando que ha cumplido con todas las condiciones establecidas. Esta decisión se suma a las medidas de control vigentes y refuerza el marco legal bajo el cual se desarrolla el cumplimiento de su condena.
Por otro lado, peritos contables de la Corte Suprema actualizaron este viernes el monto que Cristina Kirchner y otros ocho condenados deberán devolver por la causa Vialidad, elevándolo de $86.000 millones a $685.000 millones. Los implicados tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar el depósito correspondiente; de no hacerlo, la Justicia procederá con la ejecución y subasta pública de sus bienes.
