Este jueves, el gobierno argentino presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York contra el fallo de primera instancia emitido por Loretta Preska, que ordenó al Estado entregar el 51% de las acciones que posee en YPF como parte del pago de una multa de más de USD 16.000 millones por la expropiación de la compañía en 2012. Los abogados del Ejecutivo decidieron apelar sin esperar el dictamen sobre la solicitud de suspensión del traspaso.
El plazo para cumplir con el depósito bajo custodia en un banco de Nueva York vence el próximo 14 de julio, tal como lo dispuso Preska para garantizar la ejecución del fallo en favor de los fondos Burford y Eton Park, demandantes en el caso. No obstante, el gobierno de Javier Milei pidió aplazar esta orden mientras presenta su apelación, argumentando que se trata de un caso único cuya implementación podría perjudicar a terceros afectados.
En un primer descargo dirigido al fondo Bainbridge, el gobierno enfatizó que la causa por la estatización de YPF es un caso sin precedentes marcado por una complejidad jurídica significativa. Resaltaron que acatar la orden implicaría violar la propia legislación argentina y perder irreversiblemente el control sobre la empresa. Además, destacaron que establecer una cuenta bajo jurisdicción estadounidense para custodiar las acciones sería inválido según sus fundamentos legales.
El Ejecutivo también argumentó que la suspensión del fallo no causaría perjuicio a los demandantes y aclaró que la venta de acciones de YPF requiere aprobación legislativa según la normativa nacional. Alertó que una transferencia inmediata podría afectar a terceros, como provincias y bonistas, además de activar cláusulas contractuales perjudiciales para la empresa. Por ello, sostuvo que preservar el statu quo favorece los intereses públicos.
Por último, en un descargo dirigido al fondo Petersen/Eton Park, se respondió a las declaraciones de Axel Kicillof citadas por los demandantes como evidencia de obstrucción. La Procuración aseguró que el Gobernador bonaerense no forma parte del Ejecutivo nacional y que sus opiniones no tienen incidencia alguna en la estrategia legal del gobierno actual, desmarcándose de dichos comentarios en torno al fallo controvertido.
