La Justicia avanzó en la investigación de al menos 53 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, con 22 allanamientos ordenados este viernes. Las inspecciones, solicitadas por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, abarcan domicilios relacionados con HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. Los operativos se llevan a cabo simultáneamente en varias localidades, entre ellas Capital Federal, Ramallo, San Nicolás y Santa Fe, con el objetivo de determinar si existen evidencias que impliquen responsabilidades penales para los propietarios del laboratorio involucrado en la producción del opioide.
La decisión responde a la revisión de 267 denuncias contra ambas empresas, de las cuales 117 están ligadas a problemas de calidad en la elaboración de ampollas que generaron múltiples alertas sanitarias. Ya se habían realizado allanamientos previos en las instalaciones de los laboratorios y en droguerías que distribuyeron los lotes contaminados. Sin embargo, los nuevos procedimientos fueron autorizados luego de que el juez Kreplak admitiera al Gobierno nacional como querellante en la causa, que hasta ahora no cuenta con personas imputadas.
La inclusión del Ejecutivo como parte litigante ocurrió tras un pedido del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, quien argumentó que la medida responde al interés legítimo de garantizar la salud pública y esclarecer los hechos. Según Lugones, la participación estatal busca reforzar la intervención institucional ante una emergencia sanitaria de gran magnitud. Con esta decisión, el Gobierno pretende fortalecer las acciones necesarias para abordar los riesgos colectivos derivados del caso.
En el marco de estas acciones legales, ya había sido reconocido como querellante el Hospital Italiano de La Plata, que jugó un rol clave al identificar la conexión entre las muertes de pacientes y el medicamento administrado. Su intervención inicial permitió revelar irregularidades que ahora están bajo escrutinio judicial.
