
Alberto Fernández amplió su indagatoria en la causa Seguros. Trató de explicar las facturas que emitió a favor del broker Héctor Martínez Sosa durante diez años por más de cuatro millones de pesos. El ex presidente pidió que citen a declarar como testigos a los ex funcionarios Martín Guzmán, Miguel Pesce, Vilma Ibarra y Juan Pablo Cafiero.
La acusación se centra en operaciones por más de 3.000 millones de pesos y plantea que podría haber existido un esquema para beneficiar a Nación Seguros SA y ciertos brokers vinculados al ex mandatario.
En el centro de la investigación está el decreto 823/2021, que estipuló que todas las dependencias públicas debían contratar exclusivamente con Nación Seguros SA. Según los fiscales, esta medida habría permitido la participación de 25 brokers, incluyendo a Héctor Martínez Sosa, un amigo cercano a Fernández, quien habría gestionado el 42% de los contratos ahora bajo sospecha. A Fernández se le imputan los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y negociaciones incompatibles con su función pública.
Durante esta nueva audiencia, Fernández no solo presentó un escrito sino también respondió preguntas ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo. Además, solicitó medidas de prueba que incluyeran testimonios de ex funcionarios clave como Vilma Ibarra y Martín Guzmán. Defendió el decreto argumentando que buscaba evitar la cartelización del sector asegurador y fortalecer a Nación Seguros para optimizar recursos públicos y frenar la salida de divisas por reaseguros internacionales.
Fernández negó haber favorecido a Martínez Sosa, aunque reconoció su relación personal con él. Según su declaración, jamás pidió que se lo involucrara en negocios vinculados al Estado. Sin embargo, los investigadores sostienen que el esquema generado por el decreto propició pagos millonarios en comisiones a intermediarios privados, superando los 3.300 millones de pesos entre 2019 y 2024, beneficiando especialmente a Martínez Sosa y otros brokers.
Ahora, el juez Casanello deberá definir si procesa o no a Fernández y al resto de los involucrados en las próximas semanas. Entre los imputados también figuran María Cantero, esposa de Martínez Sosa y ex secretaria presidencial, además de funcionarios y representantes vinculados al presunto esquema de direccionamiento de fondos públicos investigado.