El Gobierno nacional ha formalizado la modernización de la normativa para el patentamiento de vehículos, una medida que busca facilitar la importación de automóviles por parte de usuarios particulares. Esta iniciativa, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 271/2025, simplifica las Licencias de Configuración de Modelo (LCM) y agiliza el procedimiento general para el ingreso de vehículos al país.
La nueva regulación establece que cualquier interesado en adquirir e importar un automóvil 0 kilómetro desde el exterior podrá patentarlo utilizando la LCM ya existente del fabricante o del importador. En los casos donde el vehículo importado no cuente con dicha licencia, el particular tendrá la posibilidad de tramitarla directamente, solicitando un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Este certificado se obtendrá mediante un esquema similar al de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), habilitando así la inscripción del rodado.
La Secretaría de Industria y Comercio, bajo la órbita del ministro Luis Caputo, ha sido la encargada de reglamentar este mecanismo. El objetivo es asegurar que todos los vehículos que circulen en el espacio público cumplan con los requisitos de seguridad establecidos, abarcando no solo automóviles, sino también acoplados y semirremolques. Un punto clave de esta modernización es el reconocimiento de certificaciones emitidas por organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), los Estados Unidos y Brasil, principal socio comercial de la región.
Desde el Ejecutivo nacional, se ha destacado que esta medida otorgará a los ciudadanos "la libertad de comprar vehículos nuevos en el exterior por sí mismos, sin depender de fabricantes o importadores". El texto oficial argumenta que estas modificaciones tienen como objetivo común "la ampliación de la cadena de comercialización y optimización de las condiciones exigidas para su importación, redundando en una mejora del parque automotriz, sin que ello genere afectación a la seguridad". Se subraya la necesidad de adecuar el marco normativo vigente, dado que muchas regulaciones han quedado desactualizadas frente a los avances tecnológicos y los cambios en el contexto.
Esta acción se alinea con la Resolución 222/2025, que previamente simplificó el sistema de control de autopartes y elementos de seguridad, liberando su comercialización de la necesidad de autorización previa. Ambas resoluciones reflejan una política gubernamental orientada a flexibilizar y agilizar los procesos relacionados con el sector automotriz, buscando optimizar la oferta y reducir costos innecesarios para los consumidores.
