A menos de dos semanas de que el Tribunal Oral Federal N°2 ratificara la prisión domiciliaria para la Cristina Fernández en el marco de la causa Vialidad, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola han interpuesto una apelación contra dicha decisión. En su presentación, los fiscales solicitaron que la también titular del Partido Justicialista cumpla el resto de su condena en una cárcel común o, en su defecto, que sea trasladada a otra vivienda que garantice un cumplimiento más estricto de la pena impuesta.
En el escrito de apelación, los fiscales argumentaron que el beneficio de la prisión domiciliaria ha generado un "impacto social negativo". Fundamentaron esta postura no solo en la percepción de que no se está respetando la regla del cumplimiento efectivo de las penas, sino también en lo que describen como una "desvirtuación" en la forma en que se ha venido llevando a cabo la detención.
En este sentido, Luciani y Mola insistieron en que Fernández, quien fue sentenciada a seis años de privación de la libertad por administración fraudulenta, debería "continuar cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria", alegando que "jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario".
Asimismo, los fiscales incluyeron una solicitud alternativa en su recurso: en caso de que no se haga lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que reclaman, pidieron que "se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas". Además, cuestionaron lo que consideran un "trato desigual" otorgado a la exvicepresidenta en comparación con los otros ocho condenados en el mismo proceso judicial.
La decisión final sobre el cumplimiento de esta condena recaerá ahora en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que está integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deberán analizar los argumentos presentados por la fiscalía y determinar el próximo paso en este trascendental caso judicial
