La justicia de Estados Unidos ha emitido una contundente orden que exige a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera. Esta decisión fue dictada por la jueza Loretta Preska, quien en marzo pasado ya había rechazado una solicitud para investigar el proceso de nacionalización de la compañía, sentando un precedente importante en el litigio.
La jueza también denegó la solicitud de Argentina para presentar argumentos orales, dando por concluido el caso en su instancia.
La situación se agravó cuando el gobierno de Javier Milei, al asumir, no realizó el depósito de una garantía que era necesaria para evitar el inicio de embargos durante el proceso de apelación que Argentina había iniciado en octubre de 2023. Según explicó el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, "Esto tendría que haber sucedido en enero de 2024, pero no se hizo ningún depósito. Acto siguiente, la ley americana te da derecho a embargar activos de, en este caso, la República Argentina".
Ante la falta de depósito, los beneficiarios del fallo buscaron embargar diversos activos de la República Argentina, siendo las acciones de YPF uno de los principales objetivos. Maril detalló que, "Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y contrarrecomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a Argentina a entregar las acciones que tiene el YPF como parte de pago".
Frente a esta nueva resolución, se espera que el país apele el fallo, lo que llevará el caso a la Corte de Apelación. De concretarse, esta sería la tercera apelación simultánea que Argentina enfrenta en el juicio de YPF, sumándose a la apelación presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) por la anulación de la sentencia y a la apelación de la condena por parte del Estado argentino, iniciada en noviembre de 2023.
