El Tribunal Oral Federal N° 2 ha desestimado la solicitud de los diputados y senadores de Unión por la Patria para visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin previo aviso ni autorización judicial en su domicilio, donde cumple una condena de seis años por la causa Vialidad. El tribunal calificó el planteo de "manifiestamente impertinente", generando una nueva controversia en torno a las condiciones de la prisión domiciliaria de la exmandataria.
Los legisladores de Unión por la Patria fundamentaron su pedido apelando a la "investidura" de la expresidenta, la "división de poderes" y la "plena vigencia de la representación política". Argumentaron que, como representantes electos del pueblo, tienen un mandato institucional para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente aquellos que involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. Insistieron en que impedir o restringir estas visitas constituiría una interferencia indebida del Poder Judicial en las facultades privativas del Poder Legislativo.
Paralelamente a la presentación legislativa, la casilla de correo electrónico del Tribunal Oral recibió en las últimas horas más de 1.000 correos electrónicos de ciudadanos solicitando autorización para visitar a Cristina Kirchner en su domicilio. Ante esta avalancha de pedidos, el Tribunal Oral Federal 2 ha puesto estos emails a disposición de los defensores de la expresidenta, para que sean ellos quienes canalicen cada una de las solicitudes de autorización, en un intento por ordenar el procedimiento.
La polémica sobre las restricciones a las visitas se intensificó luego de que el tribunal ordenara que, en principio, solo pueden acceder al domicilio de la expresidenta familiares, abogados y médicos que figuren en una lista previamente aportada por la defensa; cualquier otra persona requiere autorización judicial. Esta decisión motivó al abogado Gregorio Dalbón a difundir el correo electrónico del tribunal, lo que resultó en la mencionada afluencia de solicitudes.
Los abogados de Fernández, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, han impugnado las restricciones al régimen de visitas, alegando que limitan los derechos políticos y partidarios de la exmandataria al supeditar su interacción con otros dirigentes a una autorización judicial previa. El Tribunal concedió el recurso interpuesto por la defensa, elevando el conflicto por las visitas a la Cámara Federal de Casación, que será la encargada de resolver en última instancia esta disputa sobre los alcances de la condena domiciliaria.
