Tras una apelación presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal de Casación Penal se encuentra ante la tarea de dirimir si la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad en un departamento en el barrio porteño de Constitución, podrá recibir visitas sin necesidad de una previa autorización judicial. Esta situación genera un debate significativo sobre los alcances de la prisión domiciliaria y los derechos de los condenados, y evidencia difefencias de criterio del mismo tribunal para con represores condenados de la última dictadura.
Previamente, el Tribunal Oral Federal 2 había exigido a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) que presentara un listado de personas autorizadas a visitarla sin trámites adicionales en su residencia de San José 1111. El Tribunal sugirió que este listado incluyera a "quienes integren su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representen", buscando establecer un marco de control sobre las interacciones de la exmandataria.
Aunque la defensa, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, acató el pedido de presentar la lista, simultáneamente exigió que no se impusieran restricciones al régimen de visitas. Argumentaron que "quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley". Además, hicieron una consideración especial por "las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación".
La defensa también subrayó la relevancia política de Fernández de Kirchner como presidenta del PJ, señalando que limitar sus contactos directos con otros dirigentes políticos, tanto de su fuerza como de otras, sería una restricción indebida. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron esta solicitud. Sostuvieron que la defensa no logró "conmover el razonamiento y los fundamentos" brindados previamente para establecer las pautas de conducta, reafirmando así la necesidad de la autorización.
Ante esta negativa, la defensa de la líder peronista interpuso una apelación, argumentando que la "normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario". Insistieron en que se trata de una "regla de conducta que no registra antecedentes" y cuya finalidad "no es explicada", lo que, a su juicio, lesionaría las garantías personales de la exmandataria y del "sistema democrático y republicano de gobierno" al afectar a "millones de personas que ella representa".
