Tres policías de la provincia de Río Negro, Walter Carrizo, Jorge Luciano Sosa y Vilmar Quintrel, fueron condenados a prisión perpetua por la tortura seguida de muerte de Jorge Gatica, un detenido que se encontraba esposado en la Comisaría N°45 de Cipolletti en enero de 2023. La sentencia, que constituye la pena máxima prevista en el Código Penal para este delito, se dio a conocer en una audiencia días después de que los efectivos fueran hallados culpables a fines de mayo.
En el mismo proceso judicial, Andrea Henríquez, otra integrante de la misma dependencia policial, también fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión. Su condena se dictaminó por "no haber intervenido para evitar el ataque, a pesar de su rol jerárquico", destacando la responsabilidad por omisión en el grave suceso. Adicionalmente, la pena impuesta a los cuatro acusados incluye la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, impidiéndoles ejercer cualquier función estatal en el futuro.
El fiscal jefe Santiago Marquez Gauna había solicitado la pena máxima para Carrizo, Sosa y Quintrel, dada la naturaleza del delito. La querella se adhirió a esta petición, y las defensas no presentaron objeciones sustanciales, lo que llevó al juez técnico Marcelo Gómez a ratificar que los tres condenados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza. El juicio oral y público, que se llevó a cabo entre el 12 y el 22 de mayo en Cipolletti, contó con la declaración de 61 testigos y la incorporación de diversas pruebas, incluyendo pericias forenses, registros fílmicos, fotografías y documentos, elementos cruciales para la resolución del caso.
La acusación detalló que Jorge Gatica fue brutalmente agredido por los tres policías varones con puños, patadas, rodillazos y elementos contundentes mientras estaba esposado y bajo su custodia. La autopsia reveló la magnitud de la violencia sufrida por Gatica, quien presentó 184 lesiones y una hemorragia interna que finalmente le provocó la muerte. La participación de Henríquez se centró en su inacción: presenció el ataque sin intervenir y, en un intento fallido por disimular la situación, optó por cambiar al guardia a cargo de la vigilancia de la víctima, una medida que resultó insuficiente para evitar el fatal desenlace.
Este caso, que conmocionó a la opinión pública, ya había tenido un condenado previamente: el policía Gastón Moraga, quien aquella noche se desempeñaba como oficial a cargo de la comisaría.
