Las principales compañías petroleras que operan en Argentina están considerando aplicar un aumento del 5% en los precios de la nafta y el gasoil en los próximos días. Esta potencial suba se atribuye directamente al encarecimiento del petróleo crudo a nivel internacional, una consecuencia del reciente recrudecimiento del conflicto armado entre Israel e Irán.
Desde el sector de los combustibles se ha advertido que los precios locales se encuentran rezagados, estimando una brecha de entre el 15% y el 18% respecto de los costos internacionales. Ante esta situación, la estrategia adoptada por las empresas es la de implementar ajustes graduales, con el objetivo de evitar un incremento abrupto que pueda desestabilizar el mercado interno y generar un impacto mayor en la economía de los consumidores.
El contexto internacional se ha complicado significativamente, con el barril de Brent, referencia clave para el mercado argentino, experimentando un alza superior al 20% desde principios de junio, pasando de 63 a 76 dólares. Esta dinámica representa un desafío para los planes del Gobierno nacional, que ha logrado consolidar una tendencia de baja sostenida en la inflación mensual, en parte gracias a la contención de precios en sectores estratégicos como el de los combustibles.
De hecho, durante el mes de mayo, la inflación en Argentina alcanzó un 1,5%, logrando perforar por primera vez el piso del 2% mensual desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Este logro inflacionario fue posible, entre otros factores, por una reducción de hasta el 8% en los precios de los combustibles que se registró en el mismo período, lo que demuestra la sensibilidad de la economía a las variaciones en este sector.
Un nuevo aumento en el precio de la nafta tendría un efecto directo y significativo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según estimaciones de la consultora EcoGo, cada suba del 10% en los combustibles impacta en 0,42 puntos porcentuales en la inflación general. En consecuencia, un alza del 5% en los surtidores podría añadir aproximadamente 0,21 puntos al próximo IPC, complicando la meta del gobierno de mantener la inflación a la baja.
