El Gobierno de Mendoza subastó la mansión del exintendente de Guaymallén Luis Lobos, quien había sido condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. Esta operación se llevó a cabo amparada por la Ley de Extinción de Dominio, una normativa que faculta al Estado para recuperar bienes vinculados a delitos federales o aquellos cuyo origen no puede justificarse legalmente.
Esta constituye la primera operación en Argentina en la que los fondos obtenidos de la venta de una propiedad ligada a la corrupción regresan directamente a las arcas públicas. La recaudación, que superó los 172 millones de pesos, se destinará específicamente a la reparación de establecimientos educativos en la provincia cuyana. El gobernador Alfredo Cornejo, al celebrar el remate, precisó que a esta suma se adicionan 447 millones de pesos provenientes de la venta de nueve inmuebles por herencia vacante, situados en la capital, Godoy Cruz y Guaymallén.
Cornejo subrayó que este es "el primer caso de Extinción de Dominio del país", una iniciativa impulsada por su provincia, ya que a nivel nacional solo existe un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al respecto. El mandatario enfatizó que esta acción permitirá "que lo robado regrese al Estado para beneficiar a la comunidad", y remarcó que los fondos se emplearán para "financiar obras de infraestructura y mejoras en escuelas públicas".
El gobernador consideró que la subasta marca "un avance histórico que posiciona a Mendoza como pionera en la lucha contra la corrupción en Argentina". La puja por la ahora expropiedad de Lobos comenzó con la participación de más de cien oferentes y una base de remate de 60 millones de pesos. La subasta concluyó con la adquisición de la mansión por parte de un ciudadano oriundo de Guaymallén, quien desembolsó $172.241.977,30.
