El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana, hizo lugar a la acción de amparo sindical contra la limitación del derecho a huelga en los artículos de un DNU reciente del Gobierno de Milei. La CGT había solicitado declarar la invalidez constitucional del DNU. La central sindical denunció una "violación al principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical". La resolución "suspende provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25".
El Gobierno publicó un DNU el miércoles 21 de mayo. Este decreto busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, así como la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.
Además, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental en uno de sus artículos. Esta figura abarca los sectores más diversos. Impone la obligación de mantener un mínimo del 50% de la prestación en las jornadas de huelga. Los principales rubros industriales, como alimentación, metalúrgica y construcción, están entre las actividades alcanzadas. El funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos también figuran. Todos los sectores vinculados a la exportación están incluidos.
La CGT subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También incumple los Convenios 87 y 98 de la OIT. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también son violados. Otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga también son afectadas. Por estos motivos, la CGT solicitó una medida cautelar de no innovar.
