El Gobierno de Javier Milei resolvió deslindar la asistencia de las personas en situación de calle en las provincias y CABA. La medida había sido anticipada el viernes por la noche por el Ministerio de Capital Humano. Un decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, confirmó la decisión. El decreto lleva la firma de Milei, la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La reforma busca "priorizar el abordaje territorial local". Esto permitirá a cada provincia y municipio asistir con eficacia y eficiencia a las personas, al tener mayor proximidad a sus habitantes. El rol de Nación quedará reducido a la "rectoría y coordinación" de las acciones.
El Gobierno esgrimió argumentos en el comunicado oficial. La ley "prácticamente no había tenido ejecución". Cuando se aplicó, siempre según el Gobierno, fue "de manera discrecional". Se otorgaron "subsidios económicos a un número muy reducido de organizaciones".
El decreto 373/2025 modifica varios artículos de la ley Nº 27.654. Por ejemplo, cambió la autoridad de aplicación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta secretaría pertenece a la cartera de Capital Humano. Ella actuará como órgano rector. Esto será a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia.
El Gobierno podrá intervenir de manera subsidiaria y/o complementaria. Esto ocurrirá cuando las jurisdicciones locales no dispongan de los recursos necesarios. Se exige el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia del uso de los fondos transferidos. La nueva redacción del artículo 3 ahora dice que la Ciudad y las provincias son "responsables inmediatos" de la atención. Ellas tienen "a su cargo la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes". Ellas elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa.
En otro acto de arrogación legislativa, el Ejecutivo le impuso una nueva redacción al artículo 10. Este artículo aborda el derecho al acceso a una vivienda digna. Ahora dice: "Las jurisdicciones locales, en coordinación con la Autoridad de Aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales". Ellas tenderán a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna. Esto aplica a las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle. El texto original de 2021 decía que el Estado debía hacerse cargo de dichas políticas.
