La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez. Sus hijos varones, otros empresarios y allegados también fueron condenados. Se acusa al grupo de armar una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. El dinero provenía de facturación ilegal.
El fallo que validó las condenas fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Los conjueces Mariano Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, también lo firmaron. Ellos habían sido convocados por sorteo para intervenir. Los cuatro magistrados entendieron que el planteo de las defensas era “inadmisible”.
El ministro Carlos Rosenkrantz, en minoría, opinó distinto. Él propuso darle intervención a la Procuración General de la Nación. Esta debía dictaminar sobre los argumentos de las defensas.
El máximo tribunal también rechazó una serie de recursos de la expresidenta Cristina Fernández contra la reapertura de la investigación, así como contra los jueces intervinientes. La Corte los rechazó sin disidencias, al entender que los recursos no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
La exjefa de Estado no formó parte del juicio en esta causa. Su situación continúa siendo evaluada en instrucción. La fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaron su sobreseimiento previamente. Una ONG, que consiguió convertirse en querellante, cuestionó esta decisión.
La acusación contra Cristina Fernández siguió tramitando en instrucción. Ella es señalada por su vinculación en esas maniobras de lavado. La expresidenta declaró en su momento: “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito. La Cámara Federal confirmó esta decisión en marzo de 2019. Sin embargo, la Cámara ordenó profundizar una serie de medidas.
