El Gobierno de Javier Milei ha decidido reducir la jerarquía de la Secretaría de Derechos Humanos, transformándola en subsecretaría, y aplicar una significativa reducción de su estructura, lo que implica un recorte del 30% del personal. Este anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien estimó que la medida generará un ahorro anual de $9.000 millones.
Adorni justificó la decisión afirmando que la cartera de Derechos Humanos se enfocará en "garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario". Desde el inicio de su gestión, el Gobierno ha cuestionado las políticas de Derechos Humanos desarrolladas desde el retorno de la democracia, incluyendo la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura, y ha resaltado el reclamo de las familias de las víctimas de grupos guerrilleros.
En abril, el Ministerio de Justicia suspendió todos los pagos para el funcionamiento y mantenimiento del predio Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA), lo que provocó protestas de los empleados por la falta de cobro de sus salarios. Adicionalmente, se ordenó una auditoría para revisar los gastos de la administración durante los últimos meses en dicho predio.
En línea con el plan de reestructuración estatal impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, el Gobierno también resolvió fusionar y cerrar institutos y museos dependientes del área de Cultura de la Nación.
Entre las instituciones afectadas se encuentra el Instituto Juan D. Perón, que será disuelto. Además, el Museo de Bellas Artes, el Palacio Libertad y el Instituto del Teatro, que antes contaban con mayor autonomía, serán centralizados.
