El gobierno de Javier Milei impulsará modificaciones al régimen migratorio argentino, argumentando que la normativa actual "invita al caos y al abuso". El vocero presidencial, Manuel Adorni, contextualizó la medida recordando la migración del siglo XIX, contrastándola con la situación actual de "inmigrantes irregulares" y el uso de servicios públicos gratuitos por parte de extranjeros que no contribuyen a su financiamiento.
Adorni señaló que en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares y que Argentina es "demasiado permisiva" con quienes ingresan regularmente, permitiendo el ingreso de condenados con penas menores a 3 años. Además, criticó el "turismo sanitario" y el hecho de que delincuentes condenados por delitos como abuso sexual o robo puedan permanecer en el país.
Entre las medidas anunciadas se incluye el rechazo en frontera y la expulsión inmediata de quienes ingresen ilegalmente o proporcionen información falsa. También se deportará a todo aquel que sea condenado por un delito, sin importar la pena, y se acortarán los plazos de apelación en estos casos.
Se establecerá el pago obligatorio por servicios de salud para inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, quienes además deberán presentar un seguro médico. Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, si así lo deciden, respetando la autonomía universitaria.
Finalmente, se endurecerán los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina, que solo se otorgará a quienes residan de forma continua durante dos años en el país, sin ausentarse del territorio nacional.
