Después del pedido de la fiscalía, el juez federal Sebastián Casanello cerró la investigación y firmó la elevación a juicio oral de esta causa que se centró en el desvío de los fondos públicos que eran pagados por el Estado a través de planes sociales.
Se pudo establecer mediante informes oficiales que el “Polo Obrero” tenía bajo su tutela a más de 65 mil beneficiarios en todo el país y los documentos hallados en poder de los propios acusados “revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.
La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y respaldada por organismos como la Oficina Anticorrupción, reveló una “matriz delictiva” que operó entre junio de 2020 y marzo de 2024.
