La Acumar, autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, se declaró en emergencia y responsabilizó a “la Ciudad (Autónoma de Buenos Aires) y a la Provincia (de Buenos Aires) por no haber girado los fondos comprometidos”.

Los convenios cancelados son los que se firmaron con Aysa para terminar las plantas de tratamientos cloacales y con la Universidad de La Matanza para detectar conexiones y vertidos clandestinos. Además, se frena la compra de equipos para monitorear el agua y el aire y limpiar basurales.

Se anula la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación que debía fiscalizar todas las tareas. La denuncia fue presentada por el director de la Acumar, Juan José Mussi, también secretario de Ambiente.

Por Continental, el doctor Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señaló que “es una nota que conocimos ayer. La dirige la autoridad de cuenca a la Corte Suprema diciendo algo que ya supimos en octubre, y es que las jurisdicciones (Ciudad y Provincia) no han integrado los fondos que se comprometieron y que forman parte de la organización financiera del organismo”.

“Ahora bien. Este organismo se creó en 2007 en virtud del proceso puesto en marcha por la Corte. Desde ese año hasta ahora, prácticamente las jurisdicciones han aportado muy poco. La Provincia lo hizo el año pasado y la Ciudad lo hizo mucho menos. lo que nos enteramos ahora es que se recortan programas fundamentales para la limpieza del Riachuelo”, añadió en Magdalena Tempranísimo.