El juez de instrucción Ernesto Botto liberó al guarda Miguel Ángel Gerónimo por considerar que no hay riesgo de fuga ya que tiene domicilio constituido, ni entorpecimiento de la investigación. Además no registra antecedentes penales. A pesar de que fue liberado, el caso por falso testimonio continuará adelante y en los próximos días Gerónimo deberá declarar en indagatoria ante el juez Botto.

Gerónimo era el guarda del tren chapa 16 que el 22 de febrero de 2012 chocó en la estación de Once y provocó 52 muertos y casi 800 heridos, y el martes declaró ante el tribunal como testigo. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la detención de Gerónimo por las reticencias en que incurrió al  momento de declarar sobre distintos aspectos relacionados a la formación el día en que ocurrió la tragedia, como por ejemplo si el tren se había pasado en algunas estaciones.

"Se pasó en Once", dijo el testigo cuando fue justamente en esa estación donde el  tren chocó y provocó el accidente en el que murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas. "No hubo ninguna particularidad en el viaje. No se pasó en ninguna estación", dijo Gerónimo, pero comenzaron las dudas sobre su declaración. Así el fiscal del juicio, Fernando Arrigo, solicitó que se muestren las imágenes del trayecto del tren donde se ve que el tren se pasa en algunas estaciones.

Comenzaron en ese momento las preguntas de la fiscalía y la querella. "¿Tiene algún problema mental, de memoria, de amnesia?", le preguntó el abogado querellante Gregorio Dalbón. A lo que el testigo respondió "No. Se olvidar las cosas, perdón, pero pasó un tiempo largo y no recuerdo". La fiscalía lo notó reticente y uno de los jueces del tribunal  le explicó  al testigo que el falso testimonio está penado con 10 años de prisión y que mentir en un juicio también era ser reticente.

Finalmente los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu dispusieron la detención de Gerónimo "por haber incurrido en flagrancia en el delito de falso testimonio en audiencia pública". En el juicio se juzga la responsabilidad de los ex funcionarios de la secretaría de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, directivos de TBA, y del motorman Marcos Córdoba, entre otros.