Comienza este miércoles en la ciudad de Córdoba el juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), ocurrida el 3 de noviembre de 1995, en el que se intentará determinar las responsabilidades de los seis imputados por el delito de estrago doloso agravado por muerte.
 
La explosión, que habría sido intencional, causó la muerte de siete personas, decenas de heridos y produjo importantes daños materiales en la ciudad. El ex presidente Carlos Menem fue sobreseído en esta causa, pero la medida fue apelada y su situación está en manos de la Cámara de Casación que debe resolver.
 
Serán juzgados el ex director de Producción de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Carlos Jorge Franke;  el ex director de Coordinación de la DGFM, Edberto González de la Vega ; el ex director de la Fábrica Jorge Antonio Cornejo Torino); el ex subdirector de la Fábrica Oscar Nicolás Quiroga, y el ex jefe de la División Producción Mecánica de la Fábrica Marcelo Diego Gatto, y Norberto Osvaldo Emanuel, quien en ese entonces se desempeñaba como subinterventor de la DGFM.
 
Todos están acusados por estrago doloso agravado por muerte (artículo 186, inciso 5° del Código Penal), por lo que enfrentarán posibles penas que van de ocho a veinte años de prisión. Las audiencias se realizarán ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba N°2, integrado  por los jueces José María Pérez Villalobo, José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano. Debido a la complejidad del caso, la cantidad de testigos y pruebas a incorporar, las audiencias están previstas durante los próximos meses para los días martes, miércoles y jueves, explicó por Continental el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción, Alberto Lozada.
 
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega dijeron que “la explosión de la FMRT se urdió para ocultar el faltante de armas ilegalmente exportado a Ecuador y Croacia, en circunstancias en que Argentina se había comprometido internacionalmente a asumir una actitud imparcial”. Destacaron que ya en la causa “Armas”, mediante la que se condenó a los responsables del tráfico ilegal a Croacia y Ecuador, se estableció que las armas habían llegado a Croacia y que habían existido “retribuciones al aporte de conductas ilícitas, habiéndose suficientemente comprobado durante la instrucción y también el debate, la comisión de malversación y cohecho (tanto pasivo como activo), falsedad ideológica y actos hostiles. Vale decir, ilícitos propios que integran la fenomenología criminal de corrupción pública”.
 
Como consecuencias de los hechos, perdieron la vida Aldo Vicente Aguirre, Leonardo Mario Solleveld, Romina Marcela Susana Torres, Laura Andrea Muñoz y Hoder Francisco Dalmasso, el mismo 3 de noviembre, mientras que José Andrés Várela y Elena Sofía Ribas de Quiroga, los días 4 y 7 del mismo mes, respectivamente.