El Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 condenó a un ciudadano holandés a una pena de ocho años de prisión como autor del delito de contrabando agravado, tras haber intentado ingresar al país cerca de 30 mil pastillas de éxtasis ocultas en el doble fondo de una valija.

La sentencia recayó sobre Francis Máximo Doran y fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Luis Imas, Karina Rosario Perilli y Claudio Gutiérrez de la Cárcova.

La causa se inició cuando los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la AFIP, que se desempeñan en el aeropuerto internacional de Ezeiza, detectaron un doble fondo en una valija que había sido dada por perdida.

Dentro de la valija se encontraron 29.802 pastillas de metilendioximetanfetamina (éxtasis).

La droga estaba oculta debajo del forro de la base interna de la valija y detrás de una planchuela de cartón.

Los funcionarios hallaron tres paquetes de nylon envueltos con papel carbónico y cerrados con una cinta adhesiva de color marrón. El ciudadano holandés había arribado al país el 19 de agosto de 2012, en un vuelo de Iberia procedente de Madrid.

En aquella oportunidad, el pasajero no pudo retirar el equipaje dado que había sido extraviado por la compañía aérea. Una vez recuperado el equipaje por la aerolínea española, la valija llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza dos días después en un vuelo de la empresa Air France.

La valija llegó rotulada como "rush", denominación que generalmente utilizan las empresas aéreas para el despacho de los equipajes que se extravían y son recuperados.

Al otro día, se presentó el holandés junto con su pasaporte, el comprobante y el formulario de reclamo de equipaje, para retirar su valija.
Inmediatamente, personal de la Dirección General de Aduanas que ya había detectado la droga en un doble fondo presentó la denuncia a la Justicia para que ordenara su inmediata detención.

En calidad de querellante, la Dirección General de Aduana participó del debate y solicitó penas de siete años y seis meses de prisión.
En tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Eduardo Funes, pidió para el imputado la aplicación de una pena de ocho años, accesorias legales y costas.