Los fiscales Carlos Rolero y Luis Cevasco pidieron hoy el juicio oral para las seis personas acusadas de ser las organizadoras de la toma del predio Papa Francisco, de Villa Lugano, desalojado el sábado por orden judicial tras seis meses de ocupación.

Fuentes judiciales informaron que la fiscalía de la Ciudad, a cargo de la causa, remitió el pedido a la jueza en lo penal y Contravencional María Gabriela López Iñíguez por considerar que existen pruebas que confirman que los acusados fueron los que motorizaron la ocupación de los terrenos de avenida Fernández de la Cruz y Pola.

Los fiscales aseguraron que de las escuchas telefónicas y de las declaraciones de testigos surge la imputación sobre la organización de la ocupación y el financiamiento de la permanencia de los vecinos, con la intención de venderles los terrenos.

Por esos hechos estuvo preso Antonio Marcelo Chancalay, dirigente vecinal ex funcionario del gobierno macrista al que después se vinculó con al frente opositor UNEN, condenado a ocho meses de prisión en suspenso mediante el mecanismo de juicio abreviado.

Los nuevos acusados son Héctor Marcelo Urquiza, Emanuel Ríos, tres miembros de la familia Jimenez y un hombre de apellido De Luca, a quienes los fiscales les imputaron el delito de "usurpación".

Ríos y De Luca están vinculados al Movimiento Evita al igual que Martha Yané, citada a indagatoria también acusada de organizar la toma, empleada en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y asesora de la diputada porteña María Rachid.

La oficina de prensa de la Justicia de la Capital Federal difundió esta mañana declaraciones de la jueza López Iñíguez, quien aseguró que tras el operativo de desalojo del fin de semana "el predio está vacío".

"Quedan sólo unos veinte hombres jóvenes acampando en las inmediaciones que se niegan a aceptar cualquier tipo de ayuda. El lugar está sellado a la espera del inicio de las tareas de saneamiento", añadió en el parte oficial.

Los veinte hombres que permanecen en el lugar "responden a la conducción de Emanuel Ríos", uno de los requeridos para juicio por los fiscales porteños.

El predio de Villa Lugano, un ex cementerio de autos de la Policía Federal, fue cedido al gobierno porteño para construir viviendas, aunque debía ser saneado previamente por su grado de contaminación.

Estaba ocupado desde el 24 de febrero por familias que reclaman a Mauricio Macri soluciones habitacionales y el cumplimiento del fallo judicial de urbanización de la lindera Villa 20.