El gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes trabajaban en el edificio que colapsó tras una explosión en Rosario, con el resultado de al menos 11 personas muertas, declararon anoche ante el juez y continuarán detenidos acusados de estrago culposo.

Tanto García como Miño, quienes se encuentran incomunicados, prestaron declaración indagatoria ante el juez Juan Carlos Curto y la fiscal Graciela Argüelles, y el magistrado resolvió que continúen detenidos.

El abogado del gasista García, Hugo Buffarini, dijo que pedirá la libertad de su defendido, ya que "es hipertenso, tiene 62 años y, por las normas de procedimiento en Santa Fe, al ser un delito menor, se le puede conceder el estado de libertad mientras dure la investigación".

Buffarini negó que se cliente haya huido del lugar: “No escapó. Todo lo contrario: alertó rápidamente mediante llamadas telefónicas”.

Buffarini relató que, al producirse la fuga de gas, su defendido "intentó dos veces comunicarse con la empresa Litoral Gas y otras tantas al 911 sin éxito y, al ver que no podía manejar la pérdida, se subió a su camioneta para avisar en persona a la guardia de la firma para que corten el gas en el edificio".

El letrado destacó, además, que García "se cruzó en el camino con un patrullero policial y les avisó de la situación de emergencia y luego a dos inspectores de Litoral Gas, a quienes también les dio aviso para que corten el suministro en el edificio de Salta 2100".

Buffarini dijo que el acusado contó ante el juez que, "cuando fue contratado por el consorcio, avisó en la empresa que iba a realizar ese trabajo, que es de envergadura, y Litoral Gas había cortado el suministro la semana pasada, pero volvió a dar el servicio al edificio".