El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, procesó al piloto sanjuanino Anibal Tuoris, que piloteaba el helicóptero de la gobernación precipitado a tierra en octubre del 2013, lo que causó la muerte de la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol y graves heridas al gobernador José Luis Gioja, al diputado nacional Daniel Tomas y al secretario de gobierno Héctor Pérez.
 
El piloto, que resultó con leves heridas, fue procesado por los delitos de homicidio culposo y lesiones, al encontrarlo responsable de la muerte de la legisladora y las heridas que sufrieron los demás ocupantes de la aeronave que cayó en San Agustín de Valle Fértil, a 250 kilómetros al este de la capital de San Juan.
 
La máquina guiada por Touris debía trasladar a las autoridades de regreso a la capital sanjuanina, después de una visita oficial, pero despegó en un descampado sin haber sido regado previamente para evitar que se levante el polvo, y cayó a tierra después de enredarse en cables de alta tensión, envuelto en una nube de tierra levantada por las turbinas, lo que le dificultó la visión.
 
En su fallo, el juez Rago Gallo sostiene que el piloto “incurrió en acciones negligentes e imprudentes” que derivaron en la tragedia, basándose en el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), que indica que hubo una falla humana y que no había desperfectos en el helicóptero.
 
Después de analizar las pericias de los expertos, el organismo concluyó que el helicóptero no sufrió ningún desperfecto y que “el piloto se desorientó por una nube de polvo originada en el despegue a raíz de una inadecuada planificación e iniciación del vuelo en un área no debidamente preparada para una operación segura”.
 
Por eso el juez sostiene que Touris “debió prever que el viento que soplaba podría dificultar el despegue y ocasionar un accidente” y lo acusa de que “no adoptó los recaudos y las medidas necesarias para evitar los hechos acontecidos”, por lo que “incurrió en acciones negligentes e imprudentes en su arte y profesión”, que causaron las nefastas consecuencias.
 
Con esa acusación, si el piloto es encontrado culpable en el juicio por homicidio culposo, sería pasible de una pena de 6 meses a 5 años de prisión, aunque se trata de un delito excarcelable, pero que le impediría ejercer su profesión de piloto, ya que podría recibir la aplicación de una inhabilitación que va de 5 a 10 años, según fija el Código Penal.
 
Dicho procesamiento será apelado por el defensor del piloto, Miguel Dávila Saffe, quien adelantó la medida porque el fallo judicial “se basa en un informe extrajudicial, no valora la declaración de mi cliente y no se produjo prueba que ofrecimos”.
Finalmente, Touris le dijo éste mediodía a la prensa que no hubo error de su parte, que no quebró ningún protocolo y que del accidente no tiene recuerdos.