La Justicia tucumana dictó la prisión preventiva para los diez imputados por el secuestro de María "Marita" Verón, ocurrido en 2002, al tiempo que la Fiscalía solicitó la pena de 25 años de prisión para cuatro de ellos.

El fiscal Carlos Sale pidió los 25 años de prisión para Daniela Milheim, Alejandro González, José "Chenga" Gómez y Gonzalo Gómez.

También están imputados Azucena Márquez, Pascual Andrada, Humberto Derobertis, Carlos Luna, Paola Gaitán y Mariana Bustos.
El fiscal Manuel López Rougés requirió que la prisión sea de cumplimiento inmediato, algo a lo cual se adhirió la querella.

En principio los imputados que residen en la provincia de Tucumán cumplirán la medida en sus casas y los que tienen domicilio en La Rioja serán enviados a un lugar por designar.

La decisión de las prisiones preventivas contra los imputados la tomó el tribunal integrado por Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez.

La intención de los jueces era asegurar la presencia de los mismos en el juicio que se les hará en torno al caso del secuestro de la joven tucumana, ocurrida en 2002, cuando tenía 23 años.

El abogado Carlos Garmendia, representante de la acción civil, explicó que el estatus de Marita es el de "desaparecida", y que lo más importante "es su recuperación".

"Cualquier suma que se pida no reparará el daño cometido y por eso pedimos como una medida de satisfacción que devuelvan a Marita. Que digan qué hicieron con #Marita, que reconozcan su responsabilidad y pedimos $1, porque la ley nos obliga a pedir algo", afirmó ante el Tribunal.

En tanto, la madre de "Marita", Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida el 3 de abril de 2002, anunció que, el 26 de este mes viajará a España, en donde se reunirá con los reyes Juan Carlos y Sofía, para solicitarles que busquen a su hija en ese país.

Marita Verón tenía 23 años el 3 de abril de 2002 cuando fue secuestrada en la esquina de su casa y de acuerdo con la investigación realizada, mantenida cautiva en la localidad de Yerba Buena, hasta ser llevada a La Rioja para ser prostituida.

El primer juicio oral por el caso se realizó entre febrero y diciembre de 2002 y tuvo en el banquillo a 13 acusados, entre los que se incluía a los antes nombrado, a Irma Medina, la supuesta dueña de prostíbulos riojanos fallecida en febrero de 2013, y los hermanos María Jesús y Víctor Rivero.

La Sala II compuesta por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano determinó que no había
pruebas de que los hermanos Rivero habían cometido el secuestro y resolvió liberar a todos los acusados.

El caso llegó a la Corte Suprema provincial, que coincidió en la determinación sobre los Rivero, pero no en el resto de los acusados, que ahora afrontaban un nuevo juicio.